IMPUTACIÓN DE AGRAVANTES EN DELITOS SEXUALES PUEDE CONSTITUIR VIOLACIÓN A NON BIS IN IDEM

Corte elimina la causal de agravación contenida en el numeral 2° del artículo 211, cuando concurre con la prevista en el numeral 5° ídem, por cuanto 

La segunda hipótesis contenida en el numeral 2º del artículo 211 del Código Penal, regula el vínculo de confianza de manera genérica, el cual está llamado a aplicarse sólo en los casos en los que dicho nexo provenga de situaciones diferentes a las indicadas en el numeral 5º, entre ellas el grado de parentesco entre el agresor y la víctima.

En la decisión se reitera también la eliminación de la agravante del numeral 2° del artículo 211 (carácter, posición o cargo), cuando igualmente se ha imputado incesto, reiterando postura asumida en la Casación 34133 (25/05/11) M.P. Dr. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO en la que se afirmó:

"En términos de lo reseñado, no admite discusión que tanto la acusación como los fallos de instancia hicieron derivar la circunstancia de agravación punitiva del artículo 211.2 exclusivamente del hecho de que el acto sexual fue cometido por el padre de la víctima. Entonces, el “carácter, posición o cargo” del agresor frente a la ofendida se hizo consistir solamente en la relación padre-hija, ascendiente-descendiente.

En esas condiciones, la razón está de parte del recurrente, como que el acto sexual se agravó porque lo cometió el padre de la víctima, situación que, a la par, fue la que permitió tipificar la conducta de incesto del artículo 237, como que solamente se incurre en ésta en cuanto el ascendiente (padre) ejecute un acto sexual con su descendiente (hija)."

Si requiere el texto de la sentencia, favor solicítelo haciendo un comentario en esta entrada e indicando el correo electrónico en el que la recibirá.

El delito de Concierto para Delinquir en la Jurisprudencia

La Corte hace un detallado análisis de los elementos del tipo penal de Delito de Concierto para Delinquir, sus diferencias con la coautoria y un pormenorizado recuento de su evolución legislativa.


Para consultar la sentencia, siga este enlace.

Audiencias preliminares deben realizarse así no asistan los citados.

En sede de tutela, el Tribunal Superior de Bogotá asevera que las audiencias preliminares que se soliciten, habiéndose citado a los interesados, deben llevarse a cabo, así no asistan los involucrados.

Asegura esa Colegiatura que:

"(i) las citaciones a audiencia requieren de orden judicial y es el juez de garantías, no el imputado o su defensor, quien cuenta con la autoridad para ordenar la misma; (ii) no debe supeditarse la realización de la audiencia a la presencia de todas las partes, cuando han sido debidamente citadas, porque su no realización resulta violatoria de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y de defensa del imputado; (iii) las partes que no asisten a la diligencia corren con las consecuencias de su negligente proceder."
Se cita en apoyo de la decisión una decisión de Habeas Corpus de la Corte Suprema en el que se afirmó que: 

"Lo anterior implica que el carácter excepcional de la acción de hábeas corpus, impiden su procedencia en el presente asunto ya que el actor cuenta con otros mecanismos no menos idóneos al interior del respectivo proceso, al punto que podría alcanzar el objeto de su pretensión a través de la audiencia de revocación o modificación de la medida de aseguramiento, la cual puede solicitar en cualquier momento de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, en la que, necesario es advertirlo, no resulta indispensable la presencia de la fiscalía."



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Reconocimiento de antecedentes para domiciliaria solo aplica si son anteriores a conducta juzgada

La Corte explica que los antecedentes sólo pueden tomarse en cuenta dentro de un proceso, a efectos de los artículos 38B y 68A, cuando se refieren a conductas cometidas con anterioridad a la que se juzga.

Este es un extracto:

"la Sala entiende que la prohibición de conceder beneficios y subrogados allí establecida sólo puede producir efectos cuando la persona que es sentenciada en un proceso ha sido condenada por delito doloso dentro de los cinco años anteriores, siempre que los hechos que motivan la primera condena sean anteriores a la comisión del delito por razón del cual se profiere la segunda"

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Documentos Públicos deben ingresar a Juicio acreditados por Investigador

La Sala de Casación varió su postura frente a los documentos auténticos o que se presumen auténticos, para sostener que ellos deben ser ingresados a Juicio como prueba con la debida acreditación que realice en la Audiencia el Investigador. Si no hay investigador, no podrán incorporarse.

Estos son los datos de la decisión; si requiere le texto completo, por favor, haga un comentario a esta entrada e indique su correo electrónico.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

EYDER PATIÑO CABRERA

Magistrado ponente

AP5233-2014

Radicación N° 41908

(Aprobado Acta N° 288)

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014).

Competencia Territorial de los Jueces con función de Control de Garantías. Ley 1453, artículo 48. Ley 906, artículo 39.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado la necesidad de que se acrediten las razones que llevan a la Fiscalía a trasladar a los capturados desde su sitio de aprehensión, o habitación, a otro Distrito Judicial para realizar las audiencias preliminares (casos de capturas masivas en que traen a todos los indiciados a Bogotá), pues ello debe obedecer a algún criterio justificado y no al simple capricho del Ente Persecutor. 

Haciendo referencia al artículo 48 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 3º de la Ley 1142 de 2007, a su vez modificatorio del artículo 39 de la Ley 906 de 2004, dijo esa Alta Corporación:

“la Corte debe precisar que tal modificación normativa no puede llevar al despropósito de que la escogencia del juez de control de garantías sea un acto arbitrario o caprichoso de las partes e intervinientes, alejado de todo criterio razonable, pues ello implicaría autorizar la libre elección del juez, lo que comprometería la objetividad de la Fiscalía y podría generar también afectación del derecho a la defensa, cuando se acuda a un juez de garantías muy alejado o de difícil acceso para el implicado.

De tal manera, es menester puntualizar que la función de control de garantías preferentemente debe ser ejercida por el juez del lugar donde se cometió la conducta. Sin embargo, ello no obsta para que pueda cumplirla un funcionario de territorio diferente, siempre que exista alguna circunstancia especial que aconseje no acudir ante el juez del sitio donde ocurrió el hecho, como cuando el sujeto haya sido aprehendido en área distinta, o  se encuentre privado de la libertad en establecimiento carcelario  de lugar diferente al de la comisión del acontecer fáctico, o sea en otro territorio donde deban  recopilarse las evidencias físicas o los elementos materiales probatorios pertinentes al caso.

Lo anterior quiere decir, que si bien es cierto la ley no impone que el control de garantías tenga que ser siempre realizado por un juez del lugar en el que ocurrió la conducta punible, de todas formas la intervención de cualquier funcionario judicial de esa naturaleza, en cada caso concreto, debe obedecer a la necesidad de proteger las garantías fundamentales de las personas que pudieran verse comprometidas, merced a la ocurrencia de conductas delictuales sucedidas en su territorio, o que habiendo ocurrido fuera de él, han de ser investigadas dentro del ámbito de su jurisdicción, lo que implica en una u otra forma, que exista una conexión del hecho delictual con su sede funcional.” 

Si se requiere el texto completo de la decisión debe solicitarse haciendo un comentario a esta entrada. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. AGRAVACIÓN CUANDO LA VÍCTIMA ES MUJER, NO OPERA DE MANERA OBJETIVA.

Nuevamente, una de las Salas de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, reafirma la postura jurídica según la cual la causal de agravación, "cuando la víctima sea una mujer" en el delito de violencia intrafamiliar, NO opera de manera automática, ni objetiva, sino que requiere que se demuestre que el maltrato obedeció a motivos relacionados con  la 'violencia de género'.

Algunos apartes de la sentencia son:

"Aun cuando no fue materia del recurso de apelación, la Sala advierte que fue equivocada la imputación del agravante establecido en el inciso segundo del artículo 229 del C.P. en la medida que, ésta no procede de manera automática u objetiva sino que requiere de una imputación fáctico jurídica, aplicable en aquellos casos en los que el ataque se comete contra una mujer en razón de ello."

(...)

"el delito de violencia intrafamiliar, incluye las agresiones comunes contra mujeres que ocurren en el marco de las relaciones familiares, pero carentes de cualquier connotación de género, por lo que la modalidad agravada se encuentra contemplada para las agresiones donde sea verificable que el agresor o agresora desplegó conductas destinadas a menoscabar la integridad de la mujer, porque dicho implicado o implicada tiene algo en contra del género femenino o la naturaleza de su esencialidad humana o su sexualidad."

La Sala modificó la sentencia excluyendo la causal de agravación.

Los datos de la sentencia se pueden obtener realizando comentario a esta publicación.

VIOLENCIA ENTRE EX PAREJAS, NO CONSTITUYE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá explica el verdadero sentido del Literal b del Artículo 2 de la Ley 294 de 1996.

Dice la norma en cita:

"Artículo 2.- La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente Ley, integran la familia:

a) Los cónyuges o compañeros permanentes; 

b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar;

(...)"

El entendimiento que se le daba al literal apuntaba a señalar que el padre y la madre de un hijo, aunque no convivieran juntos, constituían una familia, un núcleo familiar, y por ello eran objeto de la protección prevista en el artículo 229 del Código Penal.

Ese delito está señalado en los siguientes términos:

"Artículo 229.- Violencia Intrafamiliar: El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá..."

Ahora, por fin, el Tribunal Superior de Bogotá razona sobre el entendimiento lógico y finalístico de la norma, y dice:

"Sea la oportunidad para indicar que, cuando se habla "del padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar", NO se hace referencia a ellos entre sí, sino a cada uno de los mismos frente a sus ascendientes o descendientes, incluso, hijos adoptivos." (He resaltado)

De este modo, los ex, es decir, las personas separadas, respecto de ese compañero anterior, en caso de agresiones o maltratos, incurren en Lesiones Personales y NO en Violencia Intrafamiliar. 

Bajo esa premisa, la Sala de Decisión revocó la condena impuesta por el Juzgado Municipal por el delito de Violencia Intrafamiliar y, en su lugar, condenó por el delito de Lesiones Personales.

Los datos de la sentencia los pueden solicitar haciendo comentario sobre esta entrada.

FORMA DE CONTABILIZAR EL TÉRMINO DE CADUCIDAD EN LOS DELITOS QUERELLABLES.

La Corte explica la forma de contabilizar el término de caducidad de la querella.

Estos son los datos de la decisión:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Eyder Patiño Cabrera

Magistrado Ponente

SP3005-2014

(Aprobado Acta No. 74)

 Bogotá D.C.,  doce (12) de marzo dos mil catorce (2014).

ES POSIBLE PREACORDAR LA DEGRADACIÓN DE LA CONDUCTA EN DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

Por vía de tutela, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, admite que se degrade el tipo penal, de actos sexuales abusivos a acoso sexual, aun cuando la víctima es menor de edad. Estos son los datos de la sentencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1

Eyder Patiño Cabrera

Magistrado Ponente

STP2554-2014

Radicación N° 72.092

(Aprobado Acta No. 56)

 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014).

Hurto de celulares no es calificado por su destinación a las telecomunicaciones.

Desde hace varios años la Corte estableció que el hurto de teléfonos celulares no es constitutivo de hurto calificado por la destinación a las telecomunicaciones del objeto.

Esto dijo:

“…conviene precisar que la intención del legislador al excluir este ilícito como constitutivo de contravención, como bien lo señaló la Fiscalía, “…conviene precisar que la intención del legislador al excluir este ilícito como constitutivo de contravención, como bien lo señaló la Fiscalía, no fue la de proteger equipos celulares,  de propiedad y uso personal de los particulares –para los cuales la ley tiene previstas otras disposiciones-, sino la infraestructura de las empresas dedicadas a la prestación del servicio público, por lo que debe entenderse que constituye delito el hurto de los elementos que hacen parte de ella, vrg., el cableado, las antenas, las redes, que, de ser violentados o afectados, causaría daño colectivo e individual.”

Fallo de Definición de competencia. CSJ. Sala Plena. MP Sigifredo Espinosa (22/05/08)

Las víctimas son intervinientes y no partes, y, por ello, no están legitimadas para solicitar el cambio de radicación.

La Corte aclara las posibilidades de la víctima respecto de la solicitud de cambio de radicación.

Así dijo:

En síntesis, en específicos casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, debe señalarse que la solicitud de cambio de radicación es una facultad discernida por la ley a las partes, que no se extiende a las víctimas, porque el único interviniente expresamente autorizado para pedir el cambio de radicación es el Ministerio Público. Igualmente, puede hacerlo el Gobierno Nacional en los casos previstos en el parágrafo del artículo 47 de la Ley 906 de 2004. No obstante, cuando confluyan las condiciones del artículo 46 ibídem, la pretensión de las víctimas en ese sentido, puede ser formulada por la Fiscalía, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional.

Auto AP 1758-2015. Radicado 45418 (07/04/15) GUSTAVO MALO FERNANDEZ

 

Elemento material probatorio e información legalmente obtenida

La Corte, en un auto a través del cual resuelve una apelación en un proceso de Justicia y Paz, itera las definiciones y ejemplos de lo que se entiende por Elementos Materiales Probatorios e Información Legalmente obtenida.

Dijo así la Corporación:

​A su vez, el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, aplicable al presente asunto en razón de la remisión establecida en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, señala que «se entiende por elementos materiales probatorios», entre otros, los «documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder».

 

​Por su parte, sobre la noción de información legalmente obtenida, esta Sala ha sostenido que «comprende los denominados informes de investigador de campo y de investigador de laboratorios, conocidos también como informes policiales e informes periciales… y toda fuente de información legalmente obtenida que no tenga cabida en la definición de elemento material probatorio y evidencia física, como las entrevistas realizadas por policía judicial, las exposiciones tomadas por la fiscalía (artículo 347) y las declaraciones juradas rendidas ante los Alcaldes, los Inspectores de Policía o los Notarios Públicos, a instancias de la defensa (artículo 272)».

AP1371-2015. Radicado 44540 (18/03/15) M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER.

Agravante de la Violencia Intrafamiliar NO opera de manera Objetiva.

Posición del Tribunal Superior de Bogotá sobre la causal de agravación de la violencia intrafamiliar, derivada de la condición de mujer de la víctima, arguyendo que NO opera de forma objetiva ni automática.

SENTENCIA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

INAPLICACIÓN DE LA CAUSAL DE AGRAVACIÓN  POR LA VÍCTIMA SER MUJER,DE MANERA OBJETIVA.

M. P. BOLAÑOS PALACIOS FERNÁNDO LEÓN  Rad. 11001600001320111193901 (11-11-11) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - Circunstancia de incremento punitivo cuando la víctima es una mujer no aplica objetivamente: es necesario demostrar que el comportamiento del agresor fue motivado por concepciones discriminatorias de género.